La RFEF, que gestiona la venta de los partidos amistosos de la Selección Española, de la Supercopa de España y de la final de la Copa del Rey, ultima su cesión sin haber convocado un concurso previo. El objetivo de Atresmedia con esta denuncia es que se convoque un concurso transparente y abierto a todos los operadores del sector.
Atresmedia se ve obligada a denunciar la falta de transparencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la venta de los derechos de fútbol que gestiona. La RFEF habría negociado y prácticamente cerrado un acuerdo con un operador televisivo para la cesión exclusiva de los derechos de explotación de los partidos amistosos de la Selección Española, sin haber ofertado tales derechos al mercado, mecanismo por el que obtendría el mayor rendimiento posible a dichos derechos. Atresmedia ha tenido confirmación de dicha negociación a través de la propia Federación, así como por informaciones publicadas en diversos medios en los últimos días.
Este proceso se está llevando a cabo de forma irregular y sin haber dado la oportunidad ni a Atresmedia ni a otros operadores televisivos de ofertar por estos derechos. Además, en el caso de acontecimientos de interés general, el artículo 20.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual dicta la necesidad de cumplir con un proceso de negociación que debe ser transparente, objetivo y no discriminatorio, así como el obligado respeto de las reglas de competencia, con la consiguiente concurrencia de ofertantes.
El objetivo de Atresmedia no es otro que la apertura por parte de la RFEF de un concurso transparente y abierto a todos los operadores. Desde hace semanas, a través de múltiples burofaxes remitidos a la Federación, Atresmedia está solicitando sin éxito información para poder realizar una oferta en concurrencia con otros operadores, por lo que ha puesto los hechos en conocimiento de la Secretaría de Estado para el Deporte así como de la CNMC.
La propia CNMC, al conocer la situación y al amparo de lo dispuesto en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha abierto un periodo de información previa con el fin de conocer con mayor detalle las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento.
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